Adriana Ortiz Semidei enfrenta un pedido de destitución y duras críticas a su gestión cultural

Organizaciones, referentes culturales y representantes de la sociedad civil pidieron al presidente de la República la destitución de Adriana Ortiz Semidei, ministra de la Secretaría Nacional de Cultura. La solicitud figura en una carta fechada en Asunción el 9 de noviembre de 2026 y plantea, además, revisar el rumbo de la política cultural del país. Los firmantes evalúan de forma crítica los tres años de gestión de Ortiz Semidei. Según el documento, durante ese periodo hubo falta de transparencia, escasa participación de los sectores y una atención insuficiente a las necesidades de artistas, gestores y comunidades. También cuestionan que la administración priorizara la burocracia, los eventos y la firma de convenios, en lugar de mostrar resultados concretos para la cultura, la memoria y la identidad de los pueblos. El funcionamiento del Consejo Nacional de Cultura (CONCULTURA) aparece entre los principales puntos de fricción. Los representantes de la sociedad civil sostienen que sus planteamientos no fueron atendidos y que las mesas técnicas sectoriales no tuvieron una participación efectiva en las decisiones. En la carta, describen al consejo como un espacio utilizado para cumplir una formalidad institucional, sin abrir debates sustanciales sobre derechos culturales ni sobre el presupuesto necesario para atender a las distintas regiones. Los firmantes reclaman una mesa sectorial en la que puedan discutirse las prioridades y consensuarse el perfil de una nueva conducción. A su juicio, la gestión no habría logrado producir un cambio positivo apreciable en la vida de artistas, creadores y trabajadores culturales. Esas afirmaciones corresponden a los autores de la carta, que cuestionan tanto los resultados atribuidos a la ministra como la forma en que se condujo la institución. El pedido pone bajo presión a Ortiz Semidei y lleva al centro del debate la relación entre la Secretaría y los sectores culturales. La carta no se limita a solicitar un relevo en el cargo: también reclama una revisión de las decisiones, los mecanismos de participación y las prioridades con que se distribuyen los recursos públicos destinados a la cultura.