Franz Yovanny Pereira irá a Palmasola por una presunta coima de Bs 5.000 a un juez

Franz Yovanny Pereira Núñez, abogado del área de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, deberá permanecer 40 días en la cárcel de Palmasola mientras avanza una investigación por una presunta solicitud de dinero a un juez. La denuncia sostiene que habría pedido Bs 5.000 para favorecerlo en un proceso disciplinario. El caso se inició tras una denuncia interna y pasó a manos de la unidad anticorrupción de la Felcc. Pereira tenía a su cargo actuaciones vinculadas a un procedimiento administrativo contra el juez cautelar de La Guardia, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, señalado por presuntas faltas graves. Entre los indicios figura un audio en el que, según la denuncia, el abogado pide el dinero a cambio de evitar una sanción para el magistrado. Durante las diligencias, Pereira reconoció que la voz grabada era suya, pero negó haber solicitado plata para influir en el resultado del expediente. El fiscal Gustavo Adolfo Ríos lo imputó por concusión y cohecho pasivo. En la audiencia cautelar argumentó que los elementos reunidos y los riesgos procesales justificaban la detención preventiva. La jueza Vivian Blacázar dispuso su ingreso a Palmasola por 40 días, mientras continúan las pesquisas y el análisis de la grabación. La investigación contra Pereira y el proceso disciplinario de Vedia son trámites separados. El juez ya había llamado la atención pública después de ser incluido por el Departamento de Estado de Estados Unidos en una lista de funcionarios judiciales bolivianos sujetos a restricciones de visa. Esa medida, adoptada en el marco de la política estadounidense contra la corrupción y el narcotráfico, no constituye una decisión vinculante en Bolivia. Tras conocerse la lista, el Consejo de la Magistratura anunció que revisaría los antecedentes de Vedia y de otras dos funcionarias judiciales de Santa Cruz. La restricción migratoria no implicaba su suspensión automática. El Consejo también solicitó información a través de Cancillería, mientras la causa contra Pereira sigue su propio curso.