Gustavo Petro, bajo la lupa por contratos que investiga la Fiscalía

Gustavo Petro
La Fiscalía investiga una presunta red de contratos en entidades estatales durante el gobierno de Gustavo Petro. El caso busca esclarecer si algunas vinculaciones se tramitaron a cambio de favores personales y si las personas contratadas cumplían los requisitos correspondientes. Las versiones están bajo investigación y no constituyen hechos probados. Deicy Jiménez, quien denunció haber recibido contratos a cambio de sostener relaciones con Petro, fue citada a declarar. Según el artículo, también serán llamados el exministro del Interior Armando Benedetti y el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, pues la hoja de vida de Jiménez habría llegado a sus carteras por recomendación del entonces mandatario. Jiménez acudió a la Fiscalía y permaneció allí más de 15 horas durante una diligencia de extracción forense de la información de su teléfono. Los investigadores buscan revisar el material y contrastar sus declaraciones con documentos y otros testimonios. La publicación también menciona a Jessica Tatiana González, tecnóloga en gestión administrativa, cuyo recorrido contractual incluyó el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Presidencia. El texto aclara que no afirma que González haya mantenido una relación con Petro; señala que su perfil y trayectoria coincidirían con algunas características descritas por Jiménez. Jiménez calcula que entre 40 y 50 mujeres habrían obtenido contratos en circunstancias similares. Por su parte, Luz Mary Herrán, exesposa de Petro, dijo conocer un programa destinado a mujeres para impulsar sus proyectos de vida y describió la iniciativa como un acto de solidaridad. Son versiones distintas que, según el artículo, forman parte del debate mientras avanzan las pesquisas. La nota indica que el primer contrato de González registrado en Secop fue suscrito el 21 de diciembre de 2022. El fragmento disponible no detalla el contenido completo de ese vínculo ni permite establecer qué conclusiones tendrán las autoridades. Por ahora, la Fiscalía busca determinar cómo se recomendaron las contrataciones, quiénes participaron en su trámite y si existieron irregularidades.
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