Javier Nágera denuncia torturas a sus defendidos para obtener una confesión por un doble crimen

El abogado Javier Nágera denunció que sus dos defendidos, ciudadanos brasileños investigados por el asesinato de otros dos compatriotas en Valle Sánchez, habrían sido torturados y amenazados por policías para que se declararan culpables. Según la versión que expuso el jurista, las confesiones no fueron espontáneas y no existirían pruebas científicas que vinculen a sus clientes con el doble crimen. En una entrevista con el programa El Mañanero, Nágera indicó que los homicidios ocurrieron el 20 de octubre y que sus defendidos fueron intervenidos el 5 de noviembre, durante un operativo rutinario. En esa ocasión, uno de ellos tenía un arma de fuego entre sus pertenencias, pero el abogado sostuvo que ese hallazgo no demostraba que estuvieran relacionados con los asesinatos. La defensa afirmó que los dos hombres estaban en la zona realizando actividades comerciales para comprar ropa. Nágera añadió que, durante una audiencia judicial, sus clientes utilizaron un traductor para contar al juez los supuestos malos tratos sufridos mientras permanecían bajo custodia policial. De acuerdo con el relato que el abogado atribuyó a sus defendidos, los agentes les habrían colocado bolsas en la cabeza, sometido a ahogamientos y aplicado descargas eléctricas. También, según Nágera, recibieron amenazas de agresión sexual. El jurista describió esas acusaciones como torturas y vejámenes que habrían afectado la dignidad de los investigados. Nágera sostuvo que, bajo esas presiones, sus clientes terminaron admitiendo verbalmente su participación en el crimen. Aseguró que esa supuesta confesión fue considerada por el Ministerio Público al presentar la imputación formal, y cuestionó que pueda utilizarse como prueba si fue obtenida mediante coacción. El abogado también rechazó que existan elementos para asociar a sus defendidos con organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando de la Capital o el Comando Vermelho. Recordó que, conforme a la Constitución boliviana y a tratados internacionales, nadie puede ser obligado mediante violencia o intimidación a declarar contra sí mismo. Las denuncias de tortura y las afirmaciones sobre la confesión corresponden a la versión de la defensa.