Manuel Adorni: la Fiscalía cambia el foco de la causa por su patrimonio y apunta a una posible evasión

La causa sobre el patrimonio de Manuel Adorni podría cambiar de rumbo. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que deje de investigarse como un presunto enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se analizaría una posible evasión tributaria. La decisión final queda ahora en manos del juez Ariel Lijo. El dictamen no supone que Adorni haya sido sobreseído. Según la Fiscalía, las pruebas reunidas no alcanzan para sostener que el aumento patrimonial cuestionado se produjera durante su paso por la función pública. Aun así, el fiscal considera que hay indicios de que algunos ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales podrían haber quedado fuera de las declaraciones impositivas durante años. La investigación se inició tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano y revisó el patrimonio del entonces funcionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026. En ese período, la Fiscalía contabilizó gastos por más de 402.000 dólares, de los cuales unos 374.000 se habrían pagado en efectivo, además de una diferencia de más de 43 millones de pesos entre ingresos acreditados y gastos, compras y cancelaciones de deudas. Entre los desembolsos mencionados en el expediente figuran la compra de un terreno en el country Indio Cuá, reformas, muebles, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. El dictamen señala que parte de esas operaciones se habría realizado fuera del sistema bancario o mediante terceras personas. Adorni explicó que el dinero provenía de una inversión anterior en Bitcoin. Su defensa sostuvo que operó con ocho direcciones de autocustodia entre 2014 y 2018, invirtió cerca de 200.000 dólares y luego obtuvo 591.544,61 dólares al liquidar esos activos, fondos que habría conservado en efectivo. Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser desmentida con las pruebas disponibles. La discusión jurídica pasa por el momento en que se habría generado el capital: para que se configure el enriquecimiento ilícito, el incremento injustificado debe producirse después de asumir un cargo público. Según el fiscal, no se logró relacionar el dinero investigado con un acto de su función. Ahora deberá resolverse si la causa sigue bajo la figura tributaria propuesta.