Omar García Harfuch confirma órdenes de arresto contra exfiscal de Chihuahua

Omar García Harfuch confirmó que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Chihuahua tienen órdenes de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas del estado. La información se relaciona con las pesquisas sobre la presencia de agentes de la CIA durante un operativo en la Sierra Tarahumara. En la conferencia matutina del martes 10 de noviembre, el secretario reconoció que existen mandamientos judiciales contra el exfuncionario, pero no detalló cuáles son los delitos que respaldan la orden federal. «Preferiría que fuera la fiscalía la que informara, pero sé que las dos fiscalías tienen una orden de aprehensión en su contra», señaló, según el reporte. En el ámbito estatal, la orden fue emitida el 16 de octubre de 2026 por el juez Luis Alberto Simental Ortega. Las acusaciones que se atribuyen a Zuany Portillo incluyen presunto ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con agravante. El exfiscal promovió un amparo indirecto y, de acuerdo con la información publicada, una suspensión impide por ahora ejecutar la orden estatal en los términos fijados por la resolución judicial. El procedimiento también menciona al exfiscal general de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno, señalado por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La investigación busca aclarar las condiciones legales en que agentes estadounidenses participaron en el operativo y las posibles responsabilidades de los servidores públicos involucrados. El despliegue tuvo lugar del 17 al 19 de abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos. Agentes estatales y militares desmantelaron laboratorios clandestinos de drogas sintéticas; al terminar, un convoy sufrió un accidente en un camino de terracería. Cuatro personas murieron, entre ellas dos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA. La presencia de personal de inteligencia estadounidense en territorio mexicano generó cuestionamientos sobre la legalidad de su participación. García Harfuch había indicado en mayo que las indagatorias no estaban dirigidas contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván, sino a esclarecer cómo se autorizó y coordinó la actuación de los agentes extranjeros.