Rocío Alfaro lleva al Gobierno de nuevo ante la Sala por la dirección de la CCSS

Rocío Alfaro Molina
La exdiputada costarricense Rocío Alfaro Molina presentó una nueva gestión ante la Sala Constitucional después de que el Gobierno reinstalara a Roger Rivera Mora como representante sindical provisional en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Según la información publicada, el nombramiento temporal de Rivera ya había sido anulado por ese tribunal. Alfaro confirmó al diario La Nación que presentó la solicitud dentro del mismo expediente de un recurso de amparo que la Sala resolvió parcialmente a su favor a finales de septiembre. En su gestión pidió una medida cautelar para evitar que la Junta sesione con una integración que ella considera ilegal y adopte decisiones con posibles consecuencias para el patrimonio de la institución. La controversia se originó en junio, cuando el Movimiento Sindical Costarricense eligió a Alfaro como representante titular ante la Junta Directiva y a Martha Rodríguez González como suplente. El Consejo de Gobierno rechazó esas designaciones y objetó, entre otros aspectos, el cumplimiento de requisitos vinculados con la honorabilidad, la experiencia en asuntos económico-sociales y eventuales conflictos de interés. En agosto, el Ejecutivo nombró a Rivera como representante sindical provisional ante la falta de una representación incorporada formalmente. En septiembre, la Sala Constitucional anuló ese nombramiento y ordenó al Gobierno tramitar la designación sindical de Alfaro en un plazo máximo de ocho días, según el relato de la noticia. Pese a ese fallo, el Gobierno publicó en noviembre un decreto que modifica el reglamento para elegir y nombrar representantes en la Junta. La disposición permite prolongar provisionalmente el mandato del último representante titular cuando un sector no tenga representación. La Junta retomó sus sesiones ordinarias tras varias semanas sin reunirse, y Alfaro volvió a acudir a la vía constitucional para cuestionar la integración del órgano. El caso pone en el centro la disputa sobre cómo debe aplicarse la normativa que regula la representación laboral y patronal en la CCSS. La exdiputada sostiene que la Junta no debería completar su cuórum ni tomar decisiones mientras se resuelve la situación; el Gobierno, por su parte, prorrogó el nombramiento de Rivera mediante el nuevo marco reglamentario.
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