Samuel García, bajo nuevos señalamientos por transferencias vinculadas a un despacho familiar

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León reportó presuntas operaciones por 1.793,9 millones de pesos relacionadas con proveedores del Gobierno estatal y un despacho jurídico vinculado, según la información publicada, con la familia del gobernador Samuel García. Los hallazgos corresponden a la revisión de la Cuenta Pública de 2025 y fueron presentados ante el Congreso local el 17 de noviembre de 2026.
De acuerdo con el informe expuesto por el auditor superior Alejandro Reynoso Gil, se identificaron 786 depósitos por 1.696,6 millones de pesos enviados por proveedores y contratistas gubernamentales a un despacho jurídico y fiscal. También se señalaron operaciones relacionadas con organismos públicos, entre ellos el DIF estatal. Los resultados fueron reportados por Grupo REFORMA y otros medios locales.
El despacho mencionado en las investigaciones periodísticas es Firma Jurídica y Fiscal Abogados, relacionado con García y con su padre, Samuel Orlando García Mascorro. La auditoría estatal describió rutas que presuntamente habrían trasladado recursos desde proveedores del Gobierno hacia empresas privadas y, posteriormente, al despacho.
El informe también hizo referencia, por separado, a 418,8 millones de pesos en presuntos rendimientos vinculados con esas operaciones. Esa cantidad debe distinguirse de los depósitos originales y no significa necesariamente que represente una suma adicional de dinero transferido. Además, las cifras requieren revisarse con cuidado para evitar contar dos veces operaciones que pudieran coincidir con auditorías previas.
Los nuevos señalamientos se conocen después de que la Auditoría Superior de la Federación identificara operaciones similares y de que el Congreso estatal solicitara la intervención de autoridades federales para esclarecer el origen y el destino de los recursos. La información divulgada no equivale a una sentencia ni demuestra por sí sola la responsabilidad penal del gobernador; las operaciones todavía requieren aclaración por las autoridades competentes.
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