Verónica Guerrero recibió tres contratos públicos pese a su corta trayectoria, según una investigación

Verónica Guerrero, hermana de Juliana Guerrero, figura en una investigación periodística sobre contratos adjudicados por entidades del Gobierno de Gustavo Petro. Según la información publicada por Semana, obtuvo tres vinculaciones por contratación directa entre el Ministerio del Interior y Colombia Compra Eficiente. Uno de esos contratos estaba relacionado con las acciones del Estado para atender las necesidades de las comunidades indígenas de La Guajira. El trabajo se enmarcaba en las obligaciones derivadas de la Sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de derechos de comunidades wayú, en asuntos como el acceso al agua, la alimentación y la salud. La publicación señala que, cuando fue contratada, Verónica tenía 24 años, estudios de bachillerato y una experiencia laboral de pocos meses, acreditada por la Fundación Raíces Afro. Aun así, sus funciones estaban vinculadas con tareas de gestión pública y políticas dirigidas a poblaciones vulnerables. La revisión del Sistema Electrónico de Contratación Pública citada por Semana no habría encontrado un informe de gestión a nombre de Guerrero que diera cuenta de las labores realizadas. En cambio, la investigación indica que recibió todos los pagos acordados. Esa ausencia documental es uno de los puntos que pone bajo escrutinio su contratación, aunque por sí sola no determina que se haya cometido una irregularidad. El caso aparece en un contexto más amplio: Semana también conoció una alerta del Viceministerio de Diálogo Social del Ministerio del Interior sobre los contratos celebrados durante la administración anterior para cumplir la sentencia. El documento advertiría que esos acuerdos no alcanzaron los objetivos previstos y que las comunidades amparadas seguían sin recibir las garantías ordenadas. La información disponible plantea preguntas sobre la selección de contratistas, el seguimiento de sus tareas y el uso de recursos destinados a atender una crisis reconocida por la Corte. Las afirmaciones corresponden a lo reportado por Semana y no equivalen, por sí mismas, a una conclusión judicial sobre Verónica Guerrero.