Víctor Mosquera, denunciado por presuntamente aparentar representar al Estado colombiano

El abogado Víctor Mosquera fue objeto de una queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura por actuaciones ante organismos internacionales en las que, según la denuncia, habría proyectado una imagen de representación del Estado colombiano sin contar con esas atribuciones. La queja fue presentada por el abogado de la familia del dirigente Miguel Uribe Turbay y conocida por SEMANA. El documento sostiene que Mosquera habría aprovechado su condición de abogado personal del entonces presidente Gustavo Petro para generar una “falsa ilusión” de representación estatal ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia cuestiona si el abogado dejó claro ante esos organismos que actuaba en nombre de un cliente particular y no como agente oficial de Colombia. Uno de los episodios señalados ocurrió en la CIDH, en Washington, en relación con una solicitud de la familia de Uribe Turbay para que el Estado colombiano le brindara garantías de seguridad. De acuerdo con la queja, Mosquera intervino para cuestionar lo que describió como una supuesta instrumentalización política del caso por personas que, según su planteamiento, buscaban afectar al presidente y a la unidad nacional. La denuncia considera que esa intervención pudo entorpecer el trámite de las medidas cautelares, cuyo propósito era proteger a la familia del senador. También afirma que las manifestaciones sobre la defensa del Estado corresponden a representantes autorizados, como agentes de la Cancillería o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y no a un abogado que representa a un particular. El escrito alude además a otra actuación ante la Corte Penal Internacional, aunque la información publicada no detalla por completo ese episodio. La queja plantea que la conducta debe ser examinada por la autoridad disciplinaria; por ahora, se trata de señalamientos presentados contra Mosquera, no de una conclusión oficial sobre una infracción. El caso pone bajo escrutinio los límites entre la defensa de un cliente y la representación formal del Estado ante instancias internacionales.