Yara Jiménez sostiene que el presupuesto puede aprobarse sin 38 votos y desata la réplica opositora

Yara Jiménez
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, rechazó que se necesite una mayoría calificada de 38 votos para aprobar en segundo debate el Presupuesto Nacional de 2027. Su resolución sostiene que el Congreso no realizó una consulta oficial a la Corte Suprema de Justicia sobre las disposiciones presupuestarias cuestionadas. Con ese argumento, Jiménez descartó que correspondiera aplicar la exigencia constitucional de dos tercios de los diputados. El pulso se produjo durante la etapa final de la discusión del presupuesto en primer debate. La diputada del Frente Amplio María Eugenia Román cuestionó a la presidenta por no haber enviado a la Sala Constitucional una copia certificada del expediente legislativo, pese a las gestiones presentadas contra varias medidas incluidas en el proyecto. Una de esas impugnaciones fue promovida por el Partido Liberación Nacional y se refiere a normas que congelarían cerca de ¢29.843 millones destinados al Poder Judicial, además de 2.463 plazas vacantes. La Corte Plena también presentó una gestión contra esas disposiciones, mientras que legisladores del PLN y del Frente Amplio formularon otra consulta por los recortes a las universidades públicas. La controversia tiene como fondo el artículo 167 de la Constitución, que dispone consultar a la Corte Suprema cuando un proyecto afecta la organización o el funcionamiento del Poder Judicial. Si el Congreso decide apartarse del criterio de la Corte, la aprobación requiere 38 votos. Jiménez argumentó que no existió la consulta oficial que activaría ese procedimiento. La Sala Constitucional, según la información publicada, había solicitado el expediente presupuestario para estudiar una de las consultas y luego recordó formalmente al Directorio legislativo que debía remitirlo. Román también reprochó a Jiménez su intención de llevar el presupuesto a segundo debate antes de que los magistrados resolvieran las gestiones. La resolución de la presidenta, respaldada por su fracción, intensificó así el enfrentamiento político sobre el trámite y el alcance de los recortes.
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